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FGR determina NO PROCEDER PENALMENTE contra el Gral. Cienfuegos exSrio. de SEDENA en sexenio de Peña Nieto


La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no proceder penalmente en contra del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Cepeda.

Fuentes federales confirmaron que este jueves la FGR resolvió la situación jurídica de Cienfuegos quien fue entregado a México en noviembre pasado luego de que el gobierno de Estados Unidos lo detuvo por acusaciones de vínculos con el narcotráfico de las que se desistió para que autoridades mexicanas continúen las pesquisas en su contra.

Ante la falta de elementos probatorios para proceder en contra del ex mando militar el ministerio público federal determinó no ejercer acción penal.

“El 9 de enero de 2021, el señor General Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal. A partir de esa fecha, dicha persona ha aportado sus elementos de prueba; y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso”, detalló la FGR. 


“Del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.

Esto, a pesar de que el gobierno de EU envió al de México todas las pruebas que la DEA reunió contra Salvador Cienfuegos como la intervención de comunicaciones entre miembros del cártel del H2 supuestamente con el ex titular de la Sedena.

“Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso. 

“Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público, concluyó la Fiscalía.

Denuncia FGR al exPresidente Peña Nieto por Caso Odebrecht: Acusa de Cohecho, Traición a la Patria y delito Electoral


Para la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente Enrique Peña Nieto jugó un papel central en el caso Odebrecht, por lo que lo acusa de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral.

Según la orden de aprehensión que la FGR solicitó contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y que después retiró de un juzgado federal para afinarla, Peña Nieto contó con su “propio aparato de poder criminal”, a partir del cual implementó una estrategia de cooptación a legisladores para la aprobación de las reformas estructurales en materia energética, mediante la obtención de dinero, principalmente de la constructora brasileña Odebrecht, que sirvió para el pago de sobornos a diputados y senadores.

“Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo cual puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas”, indicó la Fiscalía.

La FGR basa la probable intervención de Peña Nieto, como autor mediato, en la llamada “teoría del control o dominio de la voluntad por medio de un aparato de poder organizado», según la cual, el hombre de atrás (Enrique Peña Nieto) dominó la voluntad de los autores directos de los sobornos en el caso Odebrecht, Luis Videgaray y Emilio Lozoya, mediante un aparato de poder organizado, «que en el caso concreto lo era el gobierno federal”.

El pasado 3 de noviembre, El Universal publicó una entrevista que hizo Quinto Elemento Lab a Luis Alberto Meneses Weyll, quien el principal funcionario de Odebrecht que sobornó a Emilio Lozoya Austin. Fue quien confesó a la justicia brasileña haber entregado 10.5 millones de dólares al servidor público entre 2012 y 2014, y quien puso en la mira al exdirector de Pemex con sus acusaciones reveladas en 2017.

Ahora, Meneses Weyll desmiente las versiones que Lozoya Austin está ofreciendo a la justicia mexicana en su intento por obtener un trato preferencial.

Ni hubo dinero por parte de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto ni hubo sobornos para que los legisladores aprobaran la reforma energética, ni hubo pagos para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, aseguró Meneses Weyll a través de su abogado, Carlos Kauffmann.

“El único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya Austin (…) está tratando de adjudicarle pagos ajenos a Odebrecht, pagos que no son de Odebrecht (…) Si alguien está intentando colocar en Meneses Weyll o en Odebrecht pagos que no se realizaron, eso nosotros no lo vamos a admitir”, dijo el abogado Kauffmann en la primer entrevista que concede a la prensa mexicana.

#ULTIMAHORA Denuncia a Peña Nieto y a Videgaray ante FGR Emilio Lozoya por caso Odebrecht en CDMX

El fiscal Alejandro Gertz dio a conocer que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, presentó una denuncia de hechos esta mañana ante esa instancia, en la que denunció formalmente que el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario Luis Videgaray le ordenaron la entrega de sobornos en el caso Odebrecht y para aprobar reformas. 

En el caso de Odebrecht, “está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la Presidencia de la República“. 

“El que después fue presidente (Enrique Peña Nieto) y su secretario de Hacienda (Luis Videgaray) son las personas que señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas“, expuso el funcionario. 

“Después viene la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014; se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y 5 senadores”, detalló, pero se reservó los nombres. Además, señaló que en el caso de Etileno XXI “hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esta empresa que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht y que ahí también se le dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy grandes”. 

“En todos estos casos los sistema que señala que se usaron es que estas dos personas (Peña Nieto y Videgaray) le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos a varios legisladores, a un secretario de Finanzas de un partido político y después también le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos para dirigirlos a la reforma electoral“, apuntó. 

“Sobre estas afirmaciones que él hace, él ha señalado 4 testigos, ha entregado recibos y un video. A partir de este momento la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias”, indicó Gertz. 

En el caso de que sea procedente, llamarán a declarar a Peña y Videgaray, adelantó.

TOJIL exige INVESTIGUEN los ACUERDOS entre Peña Nieto-Javier Duarte en La Gran Estafa a Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) y el actual gobierno federal deben investigar a fondo los presuntos acuerdos que Javier Duarte habría establecido con la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, para que dejara el gobierno de Veracruz y saliera del país en octubre de 2016, antes de que pudiera ser detenido.

Así lo exigió la organización civil TOJIL: Estrategia contra la Impunidad, que desde octubre de 2018 presentó una denuncia penal que dio pie a la apertura de una carpeta de investigación en la FGR, por las posibles irregularidades en el proceso contra Duarte que derivaron en una sentencia reducida.

La organización presentó ayer a la Unidad de Asuntos Internos de la FGR un escrito formal para que se solicite e incluya como prueba, dentro de la referida carpeta, el video de la audiencia judicial realizada el sábado pasado, donde el exgobernador reveló cada uno de los supuestos pactos con el gobierno pasado.

Estefanía Medina, cofundadora de la organización, advirtió que estos presuntos arreglos y acuerdos de corte político contribuyen a perpetuar la impunidad y favorecen la corrupción.

“Desde que se dio esa extraña negociación entre la PGR (hoy FGR) y la defensa del exgobernador, en TOJIL advertimos que esa forma de atender uno de los escándalos más grandes de corrupción que se han destapado en la opinión pública no podía tener lugar más que por devenir de un pacto-acuerdo de corrupción, por lo cual en octubre de 2018 denunciamos ese acto y pedimos ser víctimas para colaborar en la investigación del caso”, dijo Medina.

La FGR se ha negado a reconocer dicha calidad de víctimas a la organización, lo que ha obligado a los denunciantes a buscar un amparo.

El próximo jueves 9 de enero un Tribunal federal resolverá de forma definitiva si la organización puede participar en la indagatoria de las presuntas anomalías en el caso de Javier Duarte.

Por otro lado, Animal Político buscó un posicionamiento del senador del PRI y exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien según los dichos de Duarte habría sido el operador de los pactos para que dejara su cargo y saliera del país. La respuesta del área de comunicación del legislador es que no habría comentarios

Los cuatro pactos

En la declaración que dio el sábado pasado ante el juez al responder preguntas de sus abogados y de los fiscales, Javier Duarte habló de una serie de arreglos, peticiones y pactos que – según su versión – propiciaron los acontecimientos ocurridos desde su renuncia al cargo de gobernador a semanas de terminar su gestión, hasta la condena que él mismo aceptó de nueve años de prisión.

Se trata de acuerdos que, según el exgobernador, tenían una lógica política encaminada a no afectar más al gobierno de Peña Nieto ni a su partido, el PRI. A continuación, se detalla cada uno de ellos:

Primer acuerdo: la licencia al cargo

Según Duarte, esto ocurrió en una reunión privada en la oficina del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la primera semana de octubre de 2016, a dos meses de que concluyera su mandato como gobernador de Veracruz.

Duarte dijo que Osorio le comunicó una “instrucción” del presidente Enrique Peña Nieto para que pidiera licencia al cargo de gobernador, con la finalidad de propiciar una transición “tersa” en la entidad con el entonces gobernador electo Miguel Ángel Yunes, y evitar mayores ataques al partido (PRI). Añadió que aceptó la petición por “lealtad institucional”.

A cambio, Osorio presuntamente le prometió a Duarte que podía “salir por la puerta grande”, y para ello le habrían tramitado una entrevista en un medio nacional, transmitida el 12 de octubre de 2016, en donde podría argumentar que renunciaba voluntariamente para enfrentar las acusaciones en su contra y decir que era inocente.

Segundo acuerdo: la fuga

Duarte dijo que el 13 de octubre de 2016, un día después de pedir licencia, recibió una llamada de un “oficial mayor de Gobernación” quien le alertó que, por su seguridad, debía irse de su casa y de la entidad. El exgobernador dijo que acató la referida instrucción por “lealtad institucional”, y vía terrestre se trasladó a Chiapas, desde donde cruzó en una balsa, junto con su esposa, hacia Guatemala.

La fecha de este supuesto aviso del gobierno coincide plenamente con el momento en que la entonces PGR conseguía de un juez una orden de captura en contra de Duarte, por el caso de las empresas fantasma.

Tercer acuerdo: la entrega

El exgobernador sostuvo que entre finales de 2016 y principios de 2017 sus entonces abogados, encabezados por Marco Del Toro Carazo, “negociaron” con la Secretaría de Gobernación y con el titular de la Unidad de inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz, su entrega voluntaria en Guatemala a cambio de que no se persiguiera penalmente ni a su esposa ni a su familia.

Como parte del supuesto acuerdo, Duarte aceptó que su entrega se simulara como una detención exitosa y que aceptaría sin pelear la extradición. El exgobernador considera que el gobierno federal “cumplió con el pacto”, aunque ahora ha decidido revelarlo pues dice que es “inocente”.

Cuarto acuerdo: la condena reducida

Este es un arreglo que Duarte había revelado desde el año pasado. Se trató de una supuesta negociación con fiscales de la entonces PGR para que se le quitara el delito de delincuencia organizada y se le fijara una sentencia mínima, a cambio de que él aceptara declararse culpable.

No obstante, el exgobernador argumenta ahora que en dicho proceso hubo irregularidades como amenazas, y hasta supuestas extorsiones del equipo que en ese momento era encabezado por Alberto Elías Beltrán.

El caso pendiente y la resolución clave

La FGR tiene abierta una carpeta de investigación relacionada con las presuntas anomalías registradas en el proceso contra Javier Duarte. La misma fue iniciada a partir de una denuncia que la organización TOJIL interpuso ante la Visitaduría General de esa dependencia.

De acuerdo con Estefanía Medina, cofundadora de dicha organización, desde que se hizo público el acuerdo que permitió que a Duarte se le quitara el delito de crimen organizado, se advierten anomalías que con posterioridad se han ido confirmando con lo señalado por el propio exgobernador, en diversas entrevistas, y ahora en su declaración ante el juez.

Sin embargo, el caso está detenido debido a que TOJIL tuvo que recurrir a un amparo para que se le permitiera colaborar en la indagatoria en calidad de víctima, algo que la FGR no le ha querido conceder. Incluso la organización obtuvo un amparo con el que se le reconoce dicha calidad, pero la Fiscalía lo apeló.

En ese contexto, será el próximo jueves cuando un Tribunal define si ratifica la posición de la organización como victima o si le da la razón a la FGR, y le impide participar en la indagatoria.

“Es una resolución importante por dos principales razones: la primera que daría un gran paso en la forma en que hoy se investigan los actos de corrupción, y permitir mucho más apoyo social para luchar contra la impunidad. Lo segundo es que a través de esta investigación podría lograrse el determinar cómo fue que se dio ese pacto que hoy el propio Javier Duarte reconoce, y lograr sancionar a los responsables”, dijo la también abogada.

Medina recordó que instituciones como la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la clínica de Derecho del ITAM ya presentaron escritos donde consideran procedente que se reconozca la calidad de víctima a la organización.

TOJIL presentó a su vez un escrito dirigido al agente del Ministerio Público de la Unidad de Asuntos Internos de la FGR, José Roberto Ríos Vázquez, responsable de la referida investigación, para que se incluya como prueba en el caso la nota de este medio donde se refieren los pactos detallados por Duarte en la audiencia del sábado.

De igual forma solicitaron a la FGR que se requieran al Poder Judicial los videos íntegros de dicha audiencia, encabezada por el juez Juan Carlos Ramírez Benítez, para que se inspeccione el contenido y se utilice en el esclarecimiento del caso.
Fuente: Animal Político

Le EMBARGAN 83.1 Millones de DOLARES a Juan Collado, ABOGADO de Peña Nieto en Andorra

Autoridades judiciales de Andorra ordenaron embargan 76.5 millones de euros, 83.1 millones de dólares, a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto.

Según la edición de El País de España, el abogado del expresidente es investigado por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

El medio español agregó en su nota publicada este martes que comenzó a investigarse a Collado luego de que el abogado transfiriera 10.5 millones de euros, cerca de 12 millones de dólares, desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser arrestado.

De acuerdo con el diario español, Collado es conocido en México como el abogado del poder por defender a autoridades y políticos.

Collado detenido el 9 de julio y desde entonces se encuentra en prisión acusado de varios delitos, recordó.

La fortuna de Collado, abogado también de Raúl Salinas, en el principado, depositada en la Banca Privada d'Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades, mencionó El País

Posteriormente, la juez Canòlic Mingorance embargó los fondos del abogado de Peña Nieto por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

El Ministerio Público de Andorra señaló que había un riesgo de que los activos del abogado en ese país fueran transferidos al extranjero antes de que se concluya la investigación, por lo que solicitaron embargar las cuentas de Collado.

Agregó que la juez de Andorra, Maria Àngels Moreno, pidió a México toda la información sobre la detención de Juan Ramón Collado, así como sus vínculos con actividades criminales.

También pide que se investigue por la misma causa a Cristina Lozano, exdirectora general adjunta de la Banca Privada d'Andorra, y a Joan Marc Masson, exempleado del banco.

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