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CNDH Veracruz bajo la lupa tras DESAPARICIÓN de 3 Abogados de "El Chichi" lider de Los Zetas zona Centro


La Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) emitió la recomendación 80/2020 a la Fiscalía General de la República (FGR) y la FGE de Veracruz por fallas al debido proceso y dilación en las indagatorias en la desaparición de tres abogados, quienes se encontraban a cargo de la defensa de Josele Márquez Balderas, "El Chichi", identificado como líder de Los Zetas en la zona centro de Veracruz.

El gobierno de Javier Duarte lo dio por muerto el 13 de agosto de 2015, en una balacera en Orizaba en la que murió un ex reportero de Televisa. 

Pero fue arrestado en febrero de 2016 por la Gendarmería, en la carretera federal 180, Paso del Toro-La Tinaja.

A cuatro años del caso, la CNDH dirigió la recomendación 80/2020 a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR y a Verónica Hernández Giadians, fiscal de Veracruz.

A la Fiscal General del Estado de Veracruz, además, se le recomendó instruir que se investigue a quien se acredite la responsabilidad administrativa por la dilación en la entrega de los dictámenes periciales e informes de investigación requeridos por el Agente del Ministerio Público para la integración de los expedientes penales y, en su caso, se inicie el procedimiento sancionador correspondiente.

Los defensores del líder criminal, una mujer y dos hombres, desaparecieron desde el 2016 tras acudir a la Coordinación Estatal de la entonces Policía Federal para acreditarse como abogados del líder de Los Zetas.

La recomendación 80/2020 de la CNDH advirtió la falta de coordinación entre las fiscalías para allegarse de las constancias de todos los expedientes para la obtención de posibles pruebas, además de que no se investigó como línea la desaparición forzada de los tres individuos debido a que las últimas personas con quienes se sabe tuvieron contacto son servidores públicos.

Aunque varias personas señalaron como indicio de la desaparición de las tres personas una balacera registrada ese día en un centro comercial cercano, no fue investigado, aunque en el sitio se recolectaron diversos indicios, entre ellos un zapato. 

Ya en el lugar, dos de las personas ingresaron para entrevistarse con el probable responsable, registrando su entrada a las instalaciones; sin embargo, desde ese día no se tiene conocimiento del paradero de las tres personas, detalló la CNDH. Reportes de prensa detallan que los litigantes se dirigieron a representar a Mireles Balderas: Anahí Arce, oriunda de Río Blanco y Giovany Sol Guevara, originario de Orizaba.

De acuerdo con las denuncias ante la CNDH, los familiares relataron que los abogados salieron de sus casas el 1 de febrero de 2016, uno de ellos de 29 años de edad acudió con la defensora de 31 años a la capital de Veracruz para acreditar su representación. 

Ya en las instalaciones de la Policía Federal se encontraron con el tercer abogado de 38 años y fueron atendidos, pero desde entonces no se supo más de ellos.

Al menos ocho servidores públicos violaron el derecho de acceso a la Justicia, en su modalidad de procuración, así como a la verdad en agravio de las tres víctimas directas y sus familiares. 

Hubo irregularidades en las indagatorias: dilación y falta de coordinación entre dependencias. 

Tampoco rindieron el informe sobre nombres y domicilios de testigos que pudieron presenciar los hechos para la búsqueda y localización de las personas.

Además no hubo análisis de videos, ni se extrajeron audios para su estudio, mucho menos la evidencia conseguida en la Subcoordinación de C-3. 

Los servidores públicos involucrados acudieron a testificar tarde. A más de cuatro años, continúan sin declarar 10 funcionarios requeridos.

Por lo anterior, la CNDH solicitó a los titulares de la FGR y de la FGE de Veracruz que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinde la reparación integral del daño a las víctimas, y se inscriba en el Registro Nacional de Víctimas a las tres personas desparecidas y a los familiares de cada una de ellas, a quienes también deberán dar atención psicológica y tanatológica.

De igual forma, se solicita que se continúe con la integración y perfeccionamiento de los expedientes penales; que se realice una revisión a las indagatorias presentando un plan de fortalecimiento de la investigación, que tenga como objetivo la localización de las tres personas desaparecidas, señalando las diligencias pendientes por realizar a fin de esclarecer los hechos de su desaparición; se localice a las víctimas y, en el caso de fallecimiento, se identifiquen y entreguen los restos a su familiares; que se colaboren en el seguimiento de la queja administrativa que se presentaron, se anexe copia de la resolución y de la Recomendación en los expedientes laborales de las personas servidoras públicas responsables, y se realicen los procedimientos internos que sancionen a los responsables de las violaciones a derechos humanos, ello con independencia de la resolución administrativa de la Visitadurías Generales.

El índice Global de Impunidad México 2018, (IGI-MEX), ubicó a Veracruz como uno de los Estados con mayor impunidad a nivel nacional junto con el Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Durango, Baja California Sur, Nuevo León, Yucatán y Querétaro. 

Germán Segovio Escobedo esposo de la Presidenta de la CNDH Rosario Piedra Ibarra, SECUESTRÓ el vuelo 705 de Mexicana de Aviación, su hermano Jesús Piedra, uno de los ASESINOS de Eugenio Garza Sada



El 7 de noviembre es una fecha emblemática para la señora presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ella rinde protesta, el mismo día en que hace 47 años su esposo secuestrara un avión de mexicana en Monterrey.

Finalmente esta semana, el senado de la república voto el nombramiento de quien será ombudsman de derechos humanos el país, la designación recayó en la hija de Rosario Ibarra de Piedra, del mismo nombre Rosario Piedra Ibarra, su madre Rosario Ibarra de Piedra, miembro del Partido en el gobierno MORENA, igual que su hija, luchadora social a consecuencia de haber perdido en 1974 a su hijo Jesús Piedra Ibarra, guerrillero, miembro del grupo 23 de septiembre, su madre fundadora de la organización “Eureka” para búsqueda de personas desaparecidas, donde ella también ha sido activista en busca de su hermano. 

La nueva ombudsman, es viuda del Doctor Germán Segovia Escobedo, idealista y también guerrillero, miembro de la “Liga Comunistas Armados” autor intelectual del secuestro del vuelo 705 de Mexicana de Aviación el 7 de noviembre de 1972, que cubría la ruta en ese entonces Monterrey-Distrito Federal en el que viajaban los hijos del gobernador de Nuevo León Luis M. Farías, el empresario regiomontano Dionisio Garza Sada, el cónsul general de Estados Unidos en Monterrey Wesley Parsons y su asistente, el Ingeniero Jaime Lomelín Guillen funcionario de Industrias Peñoles, entre otros personajes y que fuera desviado a la Habana, para liberar exitosamente a guerrilleros de la liga 23 de septiembre a cambio del avión.

SU HERMANO MIEMBRO DE LA LIGA COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE, UNO DE LOS ASESINOS DE EUGENIO GARZA SADA: 

En la política todo está vinculado, hasta lo que no está. 

Soslayarlo puede reabrir las heridas y dividir. 

Esto sucedió en septiembre, en la conmemoración luctuosa por el asesinato de don Eugenio Garza Sada, un empresario ejemplar que le dio fuerza moral y dirección a los industriales en Monterrey, la acompañó Pedro Salmerón, hasta ese momento director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un desafortunado mensaje en Facebook donde elogió a Garza Sada y explicó el contexto social y político de aquellos años de febril actividad guerrillera, llamando a sus asesinos “jóvenes valientes”

Esas palabras, sacadas de contexto pero desafortunadas al no tomar en cuenta el entorno polarizado e irracional que se vive, desataron una polémica encendida.

El asesinato de Garza Sada no enorgullece a la izquierda.

Este tema no está resuelto. 

María de los Ángeles Magdaleno, recordó en un ensayo en el número 99 del Boletín de Investigaciones Históricas de la UNAM en la primavera de 2014, que el Partido Comunista había calificado a la Liga Comunista 23 de Septiembre, la de los “jóvenes valientes” que asesinaron a Garza Sada, como “un grupo manejado por la ultraderecha, sin ninguna ideología revolucionaria”, lo que de otra forma documentó el periodista Jorge Fernández Menéndez en 2006 con su libro “Nadie Supo Nada”, donde demuestra que el gobierno del presidente Luis Echeverría supo con bastante tiempo de antelación que se planeaba el secuestro del empresario -tenía un informante, Leonel, en la célula que lo planeó-, sin que hiciera nada por impedirlo.

El asesinato de Garza Sada está profusamente documentado en los expedientes de la extinta Dirección Federal de Seguridad en el Archivo General de la Nación. 

Está también la génesis de la Liga Comunista 23 de Septiembre, su desarrollo, sus planes y sus fracasos. 

En el expediente 11-235-74 H250 L-11 figuran las declaraciones de Ignacio Arturo Salas Obregón, primer líder de esa guerrilla. 

La LC23S se fundó el 15 de marzo de 1973 en la casa del dirigente del Frente Estudiantil Revolucionario, Fernando Salinas Mora, El Richard, en Guadalajara, y según la declaraciones de Salas Obregón, “desde la primera reunión se planteó la necesidad de efectuar el secuestro de alguna persona importante para obtener una fuerte cantidad de dinero y la liberación de compañeros presos en diferentes cárceles”. Posteriormente se determinó que la víctima sería Garza Sada, haciendo a un lado otra víctima potencia, Eugenio Garza Lagüera.

No parece fortuito que hayan pensado en un empresario de Nuevo León. 

Salas Obregón estudió en Monterrey y, paradójicamente había estado en un instituto que recibía apoyo financiero de quien fue su víctima: Garza Sada

Ahí conoció a Raúl Ramos Zavala, quien tenía la idea de unificar a todos los grupos armados, objetivo que no vio porque fue abatido en un enfrentamiento en 1972, pero que lo introdujo con quien sería uno de los jefes de la célula que realizó el atentado. 

Salas Obregón declaró que “asesoró y supervisó” los planes del secuestro, pero admitió que su ejecución recayó en los responsable del Comité Coordinador Zonal, Jesús Piedra Ibarra -hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra-, José Ángel García Martínez, y Javier Martínez Torres, quien ejecutó al chofer y al ayudante de Don Eugenio cuando defendieron al empresario, y que también murió en el atentado. 

Los otros autores materiales del asesinato, según el Expediente 11-235 L-31 H 240-254, fueron Anselmo Herrera Chávez, que murió durante el ataque, Elías Orozco Salazar, que fue procesado en Monterrey, Edmundo Medina Flores e Hilario Juárez García, que escaparon. Salas Obregón y Piedra Ibarra fueron detenidos más adelante por la DFS, y desde entonces están desaparecidos.

Fuentes: 

Amnistía Internacional REPRUEBA la ‘imposición’ en CNDH


Organizaciones de la sociedad civil lamentaron el proceso legislativo que se dio en el Senado para la elección de Rosario Piedra como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien el martes rindió protesta ante el pleno de la Cámara alta.

Amnistía Internacional México consideró que no es aceptable que la designación de la titular de la CNDH se haya dado en esas condiciones.

El organismo advirtió que la grave crisis de derechos humanos en México “sólo puede enfrentarse con un órgano autónomo, independiente y legítimo, que sea el contrapeso del Estado y defienda los derechos de todas las personas”.

Aparte, el colectivo #Designaciones, que impulsan las organizaciones civiles Fundar y Artículo 19, señalaron que la Cámara de Senadores “sepultó la legalidad” con la designación de Piedra Ibarra al frente de la CNDH, “minando con ello la legitimidad e independencia de este organismo constitucional autónoma”.

En tanto, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C. calificó de una “imposición” la designación de la hija de la fundadora del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, y exigió una Comisión Nacional de los Derechos Humanos “con verdadero enfoque en la defensa de los derechos humanos en México, sin intereses políticos e ideológicos”.

Al respecto, Marcia Itzel Checa, del colectivo #CNDHautónoma, calificó de “lamentable” y “vergonzoso” que Rosario Piedra rindiera protesta en medio de empujones entre senadores del PAN y de Morena, y dijo que para futuras designaciones de esta importancia se deben repensar las reglas de estos procesos legislativos.

Víctor Caballero, del Colectivo Aequus, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, manifestó que lo que quedó claro en esta designación de Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue que ni a los senadores de Morena ni a los senadores del PAN “les interesan los derechos humanos”.

Subrayó que, “como siempre, quedó de manifiesto que las instituciones creadas para atender a la sociedad están en manos de la clase política y sus intereses”.

En tanto, el activista y excandidato a la presidencia de la CNDH Alberto Athié Gallo renunció al Consejo Consultivo de ese organismo tras concretarse el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como titular de la institución.

En una carta dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, Athié Gallo informó de su separación, donde cuestionó la falta de transparencia en este nombramiento.

El ex sacerdote fue uno de los 56 candidatos a ocupar la presidencia de la CNDH en el reciente proceso de designación, y es uno de los siete ex aspirantes que solicitaron la reposición del proceso en la Cámara de Senadores.

El martes en la noche, en menos de 10 minutos y luego de seis horas y media de discutir cinco mociones para solicitar la reposición de todo el proceso, Rosario Piedra Ibarra rindió protesta en el pleno del Senado como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para el periodo 2019-2024.

Con 67 votos en contra, 46 a favor y nueve abstenciones, el pleno de la Cámara alta rechazó la propuesta para la sustitución de la última votación para elegir al presidente de la CNDH, de la cual resultó electa por mayoría calificada Rosario Piedra.

EJECUTAN a empleada de la CNDH, su cuerpo fue encontrado en Valle de Bravo, Edomex


La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó sobre el asesinato de Nancy Flores García, de 40 años de edad, “quien se desempeñaba en la Coordinación Administrativa de la Primera Visitaduría General”.

En un comunicado, la Comisión detalló que Nancy fue reportada como desaparecida desde el pasado 10 de agosto, en la colonia El Tanque, alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México.

“Y desafortunadamente su cuerpo fue encontrado sin vida el día de ayer en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México”, informó la CNDH.

“La CNDH condena de manera enérgica este grave hecho de violencia en el que una mujer
perdió la vida, al mismo tiempo que exige a las autoridades se lleve a cabo una investigación
exhaustiva de los hechos, a fin de que se deslinden responsabilidades y se garantice que el
caso no quede en la impunidad”, agregó.

El organismo de Derechos Humanos exigió la puesta en marcha de acciones “efectivas y contundentes”, para prevenir y erradicar las agresiones en contra de las mujeres.

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