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miércoles, 4 de diciembre de 2019

Veracruz: Pese a informe de CNDH sobre agresiones a periodistas, Gobernador vuelve a descalificarlos: 'Ya párenle a las mentiras'


De nueva cuenta, como lo hizo cuando acusó a los medios de comunicación de mentir cuando se difundió que el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos percibe un sueldo de 76 mil pesos mensuales –superior al del propio mandatario estatal, lo que finalmente reconoció el propio titular de la Segob que era cierto-, este martes el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidió a los medios “no mentir” cuando lo cuestionaron sobre un presunto recorte al presupuesto Estatal para el próximo año: 

“No inventen, ya párenle a las mentiras”, señaló. 

Antes, el mandatario también negó que se vaya a investigar a sus secretarios de despacho tras darse a conocer a través de las redes sociales que algunos trabajadores denunciaron haber sido obligados a pagar hasta 700 pesos del boleto para ser transportados al Zócalo de la Ciudad de México a fin de asistir al Primer Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, el llamado AMLOFest, con motivo de cumplirse su primer año de gobierno. 

“No, eso es falso. Todos los que quisieron ir se pusieron de acuerdo para cooperar y de ahí, como ellos se hayan organizado, por eso se corrió esa versión”

El problema con los señalamientos del mandatario es que, a pesar de que Veracruz es considerado por organismos internacionales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el estado más peligroso del País para el ejercicio del periodismo, ese discurso de descalificación hacia los medios no solo contradice –una vez más– el discurso enarbolado por el propio mandatario cuando ofreció una disculpa pública en octubre pasado a pensionados y jubilados, y periodistas, que fueron golpeados por elementos de Seguridad Pública en el sexenio del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, donde afirmó que el estado protegería a los comunicadores para que no se repitieran agresiones de ese tipo, sino que, sus afirmaciones, eventualmente pueden derivar en un clima de hostigamiento por parte de sus subordinados en contra del ejercicio periodístico y de los propios comunicadores. 

Sólo hay que ver que, de acuerdo con el Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, “Sobre el contexto de violencia que enfrentan las personas que ejercen el periodismo y los medios de comunicación en el estado de Veracruz”, difundido en Noviembre de este año, el organismo defensor de derechos humanos subraya que “Veracruz es la entidad federativa en la que se han registrado la mayor cantidad de homicidios en nuestro país, con 23 homicidios de los 153 registrados en todo el territorio. 

El incremento de las agresiones en ese Estado también puede advertirse en la emisión de medidas cautelares por parte de este Organismo Nacional que registró en el 2018 un incremento de 200% respecto de las solicitudes de medidas cautelares realizadas en el 2015, por casos relacionados con periodistas y medios de comunicación; asimismo, llama la atención que, a nivel nacional, al 15 de noviembre de 2019 hayan ocurrido 12 homicidios de periodistas, cifra superior a los verificados en 2018”. 

En ese tenor, la CNDH señala entre sus conclusiones, que: “Las autoridades tienen la obligación de respetar la labor de periodistas y medios de comunicación, por lo que deben abstenerse de realizar declaraciones que les estigmaticen o criminalicen y, en consecuencia, les expongan a un mayor riesgo de violencia. 

Es fundamental que las autoridades, atendiendo a su obligación de prevenir actos de violencia, expresen y reconozcan públicamente que el trabajo de periodistas es fundamental para el fortalecimiento de la democracia”. 

No obstante lo anterior, agrega que “este Organismo Nacional ha advertido algunas expresiones por parte de servidores públicos e instituciones del Estado de Veracruz que han tenido por objeto negar o minimizar la labor de personas que ejercen el periodismo y que han sido agredidas; o bien en sus declaraciones han empleado estereotipos de género para deslegitimar la imagen pública de mujeres periodistas o vincularles con actos delictivos”. 

La CNDH concluye también que “Lo anterior no sólo genera un clima de hostilidad hacia la prensa que puede derivar en otros actos de agresión, sino que también desinforma a la opinión pública sobre la realidad de lo ocurrido, pues se descarta de entrada cualquier hipótesis que vincule la agresión con su actividad profesional”. 

Concluye que el “discurso inapropiado de servidores públicos e instituciones, que estigmatiza y criminaliza a periodistas, reproduce la violencia que se pretende atacar y constituye en sí misma una discriminación en el acceso a la justicia”.
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