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sábado, 26 de octubre de 2019

EMITEN RECOMENDACIÓN a la Fiscal de Veracruz por INADECUADA procuración de Justicia y a la VERDAD


Veracruz.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que presentará una denuncia en contra de policías estatales del denominado Grupo Tajín, que participaron en la desaparición forzada de ocho policías municipales de Úrsulo Galván el 11 de enero de 2013.

La denuncia incluirá a los mandos superiores, así como al entonces Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita y el exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Además deberán reparar el daño a las víctimas indirectas.

De igual forma, la observación está dirigida a la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGEV), Verónica Hernández Giadans, por la inadecuada procuración de justicia y a la verdad en agravio de familiares de las víctimas.

En un comunicado, el organismo público recordó que las ocho víctimas fueron desaparecidas el 11 de enero de 2013 por 15 agentes del llamado “Grupo Tajín” de la SSP veracruzana. Hasta la fecha se desconoce el paradero de los agentes municipales agredidos.

La Recomendación de la CNDH estableció que desde el momento en que se llevó a cabo la desaparición forzada, la SSP de Veracruz “no realizó las investigaciones sobre la participación de los agentes del entonces denominado Grupo Tajín, aun cuando existían elementos de convicción que involucraban su participación en el caso”.

Por lo anterior, el organismo le recomendó al mandatario estatal, Cuitláhuac García, que repare el daño a las víctimas indirectas, incluyendo compensación y/o indemnización, así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionarles atención integral, y ofrecer una disculpa pública institucional por las omisiones y la impunidad derivada de la desaparición forzada.

En lo que se refiere a la FGEV, la CNDH llamó a este organismo a continuar la integración de la investigación y esclarecer los hechos; colaborar en la presentación de la queja que se formule contra el personal ministerial que participó en la investigación, y capacitar al personal que tenga contacto con las víctimas indirectas de los delitos de desaparición forzada, con el propósito de ofrecerles un trato digno.
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