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viernes, 8 de diciembre de 2017

Ley de Seguridad Interior es anticonstitucional; prolongaría la violencia, advierten académicos


Académicos y especialistas en Derecho y seguridad pública advierten que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional y contraria al Derecho Internacional de los derechos humanos.

En un pronunciamiento, presentan 10 conclusiones en las que argumentan por qué, lejos de contribuir a garantizar la seguridad de los ciudadanos, propiciaría el aumento de violaciones de derechos humanos.

La Ley de Seguridad Interior no representa la solución frente a la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país, afirmaron.

“Y podría prolongar el estado actual de violencia y nos alejaría del modelo democrático constitucional”.

Los firmantes solicitaron al Senado que frene la iniciativa de Ley de Seguridad Interior y que permita que continúe la discusión pública, incluyente y reflexiva.

Explicaron que en los últimos años, académicos especialistas en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal y Seguridad Pública de distintas universidades del país, han discutido el concepto de seguridad en sus múltiples expresiones; así como la grave problemática que existe en el país, con organismos internacionales, autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil.

Y en reiteradas ocasiones han convocado a foros de análisis científico para discutir el tema de las iniciativas en seguridad interior, el último de ellos realizado en febrero, de forma conjunta con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Mencionaron que de dicho estudio y la discusión técnica de la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior presentan diez conclusiones contundentes por las cuales su aprobación es inconstitucional (violatoria de los artículos 1, 6, 21, 29, 73 y 129) y contraria al Derecho Internacional de los derechos humanos.

De acuerdo con su análisis, la Ley de Seguridad Interior es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, contraria al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; así como a diversas recomendaciones de organismos internacionales emitidas hacia México en el marco de la intervención de las Fuerzas Armadas.

Además, argumentaron, la Constitución no faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre seguridad interior ni a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo las tareas de seguridad que hoy realizan.

“La iniciativa vulneraría el equilibrio de poderes al otorgar excesivas facultades al Poder Ejecutivo, sin establecer contrapesos del Poder Legislativo o Judicial, subrayaron.

La iniciativa, aseguraron, permitiría la intervención de la Federación en la implementación de acciones en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, por decisión del Poder Ejecutivo para proteger la seguridad interior, atentando contra el Federalismo.

Subrayaron también que la definición de Seguridad Interior es vaga e imprecisa; por lo tanto, podría permitir calificar un conjunto muy amplio de conductas como riesgosas para la misma.

Advirtieron que la información generada, derivada de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, será reservada y clasificada.

En contraste, las autoridades federales y los órganos autónomos quedarán obligados a proporcionar cualquier información que les requieran las autoridades facultadas por la Ley.

Como punto siete, señalaron que la iniciativa faculta a las Fuerzas Armadas para implementar políticas, programas y acciones de prevención y de investigación del delito; lo que de acuerdo con el artículo 21 constitucional, corresponde sólo a las autoridades civiles.

La iniciativa, abundaron, contiene disposiciones cuya aplicación violaría garantías procesales, poniendo en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas.

Otra de las reflexiones es que no están definidos los mecanismos que garantizarán de forma fehaciente el respeto a los derechos humanos durante las acciones derivadas de la aplicación de la Ley.

Además, no se contemplan obligaciones de rendición de cuentas ni transparencia respecto de las acciones que se realicen.

Por último, refirieron que otorgar facultades a las Fuerzas Armadas, a través de una Ley de Seguridad Interior, las habilitará de forma permanente en la realización de dichas actividades; lo que se significaría un desincentivo fuerte para avanzar en el fortalecimiento de las instituciones policiales y otras instituciones civiles encargadas de la seguridad pública.
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