martes, 1 de agosto de 2017

Ejidatarios de Tuxpan,Veracruz: PROTESTAN contra Mitsubishi


El conflicto de Mitsubishi Corporation en Tuxpan, acusaron los ejidatarios, ya escaló, pues la termoeléctrica comenzó recortes injustificados de personal 


Por considerar que la empresa japonesa Mitsubishi no ha cumplido con los acuerdos de apoyo social establecidos hace 18 años, campesinos de 21 ejidos del municipio de Tuxpan, Veracruz, reclaman le sea suspendida la concesión otorgada para la generación de energía eléctrica.

Líderes comunitarios acusan que la firma, que desde 1999 se hizo de una concesión del Gobierno federal para generar electricidad en la modalidad de “Productor Independiente” a través de las filiales Electricidad Águila de Tuxpan y Compañía Electricidad Sol de Tuxpan, no sólo no ha asumido el compromiso para la ejecución de obras sociales, sino que se ha negado al diálogo con representantes de las comunidades que le cedieron sus terrenos.

Para el proyecto eléctrico de Mitsubishi en Tuxpan, la firma japonesa negoció con los propietarios de ejidos, la mayoría de las localidades de Alto Lucero y Santiago de la Peña, el uso de suelo ejidal para el tendido del cableado con los que suministra de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, a cambio de pagar con obras de desarrollo social.

Entre las obras sociales comprometidas e incumplidas se encuentra una escuela, dos centros de salud, suministro al alumbrado público y la rehabilitación de por lo menos cinco caminos comunales del norte de Veracruz.

Las obras acordadas desde 1997 y ratificadas en el 2007, cuando se inauguró la planta termoeléctrica Tuxpan II, fueron también respaldas con el compromiso del Gobierno estatal de Fidel Herrera Beltrán, el que ofreció aportar fondos proporcionales para que mejorara sustancialmente la vida de las familias de los ejidatarios.

Ni el gobierno de Fidel Herrera, ni el de Javier Duarte de Ochoa, menos el federal de Felipe Calderón, obligaron a la empresa japonesa al cumplimiento de sus obligaciones, ofreciéndole más bien respaldo para que se le eximiera del pago de impuestos, como el del predial, el que de ser tasado en 870 mil pesos mensuales, se le redujo a sólo 760 pesos por año.

Desde el inicio de operaciones en la zona de Tuxpan por parte de Mitsubishi Corporation, donde se hizo una inversión de 240 millones de dólares para poner en marcha la planta Tuxpan II y más de 310 millones de dólares para la planta Tuxpan V, no se ha hecho la inversión de un sólo peso en mejoras sociales, denunció Antonio Salgado, integrante del comisariado ejidal de Alto Lucero.

Ejidatarios de Tuxpan anunciaron una serie de acciones, entre ellas el bloqueo a la termoeléctrica y el reclamo al Gobierno federal para que sea cancelada la concesión hasta que el corporativo responda a los compromisos establecidos con la comunidad.

De acuerdo con Rubén Cruz, líder ejidal de Tuxpan, Mitsubishi Corporation ha ignorado los reclamos de la comunidad presentados al actual director de la termoeléctrica, Jorge Gamel Esparza.

El conflicto de Mitsubishi Corporation en Tuxpan, según acusaron los ejidatarios, ya ha escalado del ámbito social al plano laboral, pues la termoeléctrica ha comenzado recortes injustificados de personal.

Dirigentes comunales de esta zona del norte de Veracruz convocan a una movilización para esta semana para bloquear el acceso a las instalaciones, no sólo de la termoeléctrica japonesa, sino de otras empresas como las gaseras Fenosa y Tomza.

A decir de Antonio Salgado, también existe inconformidad contra Fenosa y Tomza por incumplir a los ejidatarios en una serie de obras sociales comprometidas como el suministro de agua potable a por lo menos tres comunidades rurales, y “tampoco cumplen con las normas de seguridad para los trabajadores”.

De acuerdo a Rubén Cruz, a causa de las malas condiciones laborales en Fenosa y Tomza, en los últimos meses han muerto algunos trabajadores en explosiones registradas dentro de esas empresas, las que no habrían sido informadas a las autoridades del trabajo a nivel federal y tratadas en forma discrecional por el Gobierno estatal de Veracruz.

Los de Mitsubishi, Fenosa y Tomza no son los únicos conflictos de trasnacionales que se gestan en esta entidad, de acuerdo con el informe “México: Empresas y Derechos Humanos”.

En el documento que en el 2016 presentó la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, se reconocen la existencia de por lo menos otros cuatro conflictos en Veracruz, entre empresas y comunidades originarias.

El citado informe revela que en los conflictos existentes en esta entidad, actualmente están involucrados al menos seis corporativos que han venido abusando del derecho a la tierra y el territorio, violentando también el derecho a la información, abuso del medio ambiente, impactos negativos a la salud pública y falta de cumplimiento de los derechos indígenas.

Entre las empresas que conflictúan, sólo en Veracruz, su relación con las comunidades aledañas, según lo establece el citado informe en poder de la ONU, se encuentran la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), Grupo Desarrollador Caseoli, Ingeniería Gestoría y Supervisión, Consultora Mexicana de Ingeniería, Mexichem y Pemex.
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