sábado, 20 de mayo de 2017

Veracruz: JUSTICIA! en la ERA de Yunes; Los detenidos

Arturo Bermúdez Zurita, Flavino Ríos Alvarado, Leonel Bustos Solís, Mauricio Audirac Murillo y Francisco Valencia García forman la lista deexcolaboradores duartistas que han sido alcanzados por “la mano justiciera” del gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares y han pisado la cárcel; Gabriel Deantes Ramos está sujeto a proceso, pero lo lleva en libertad.

Aunque actualmente solo Bermúdez, Audirac y Paco Valencia están presos en Pacho Viejo cumpliendo medidas cautelares de prisión preventiva, en tanto que Bustos Solís salió con un amparo federal, y Flavino por orden de un juez ante supuesta enfermedad, la Fiscalía General del Estado (FGE), va nuevamente por el primero y ha combatido la medida cautelar del segundo.

Pero, no solo están ellos, hay otros, varios personajes que fungieron como colaboradores de Javier Duarte de Ochoa, quienes están en la mira de las autoridades veracruzanas.

PRESENCIA hace un recuento de aquellos que están en manos de las autoridades, los delitos de los que son acusados, el estatus jurídico actual y las medidas que han tomado para librarse, algunos sin lograrlo, de la acción de la justicia.

Arturo Bermúdez Zurita

El “general”, dimitió el jueves 4 de agosto de su cargo, apenas un día después de haber sido exhibido por Reforma como propietario de al menos cinco residencias en Texas, con un valor de2.4 millones de dólares y luego que fuera vinculado con al menos 21 empresas en las que era socio o propietario y que recibieron contratos por 91 millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Bermúdez fue acusado por ello de abuso de autoridad y tráfico de influencias abriéndose la carpeta 221/2016; el 11 de noviembre, cuando fue llamado a su primer audiencia ante juez de control, se le notificó su estatus de imputado por dichos delitos, junto a Alejandro Contreras Uscanga y Roberto Esquivel Hernández, este último solo por tráfico de influencias.

En ese mismo acto, la juez Estrella Iglesias Gutiérrez como medida cautelar a Arturo Bermúdez Zurita la garantía económica de 1 millón de pesos y la prohibición de salir del país, en tanto se desahogara el proceso; a Roberto Esquivel, el socio, la juez impuso la misma medida que a Bermúdez Zurita.

En el caso de Alejandro Contreras Uscanga, acusado de los mismos delitos, se le pidió una garantía de 20 mil pesos y la prohibición de dejar el país, por un lapso de cuatro meses.

Posteriormente, el 17 de noviembre, la juez dictó los autos de vinculación a los tres acusados; a Bermúdez Zurita y a Alejandro Contreras Uscanga, ex secretario de Seguridad Pública y Jefe dela Unidad Administrativa de la SSP, respectivamente, por ambos delitos.

Al primero, en su calidad de autor intelectual y al segundo en su carácter de autor material, por el delito de abuso de autoridad al autorizar ambos el otorgamiento del contrato SSP/UA/016/2016 para el suministro de víveres a favor de Roberto Esquivel Hernández, socio y amigo deBermúdez Zurita.

En tanto que por tráfico de influencias, a ambos se les considera autores materiales mientras que a Esquivel Hernández, al no ser servidor público, la juez le varió la calidad de partícipe.

La FGE pidió entonces un plazo de seis meses –que concluyó esta semana- para la investigación complementaria en los que se solicitarían informes a la Comisión Nacional Bancaria acerca del destino de esos recursos en manos de Esquivel, se revisarían los contratos previos de la SSP para conocer si se beneficiaron a más allegados o familiares de Bermúdez y se entrevistaría a cada integrante del subcomité de adquisiciones de la Secretaría.

Al asistir, el 3 de febrero a una de sus audiencias, Bermúdez Zurita fue notificado de la existencia de una orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, liberada una noche antes cerca de la medianoche, y detenido.

La nueva imputación a Bermúdez, radicada en la carpeta de investigación 068/2017, destaca que el exsecretario posee propiedades con valor superior a 80 millones de pesos, cuando, al inicio de su gestión en la SSP, tenía solamente algunas con valor de 10 millones de pesos.

Sin lograr justificar el crecimiento de su patrimonio, la juez de control Verónica Portilla Suazo dictó la imputación, la vinculación a proceso y la medida cautelar de ocho meses de prisión preventiva.

Desde ese momento, el exsecretario promovió al menos tres amparos; uno a uno fueron rechazados por las autoridades federales y ha cumplido ya tres meses y medio en prisión.

El 13 de febrero, solicitó él una audiencia para acumulación de procesos, y lograr evadir una delas vinculaciones, lo que le permitiría salir de prisión. Sin embargo ninguno de sus presuntos cómplices se presentó en los tres intentos, el 24 de febrero, el 3 de marzo y el 9 del mismo mes, por lo que desistió de la misma.

También en marzo se celebró una nueva audiencia para la extensión de la temporalidad de las medidas cautelares por el primer proceso, y se concedió que por seis meses más, Bermúdez tiene prohibido salir del país, y deberá pagar una fianza de un millón de pesos.

Actualmente, corre el tiempo de las investigaciones complementarias. Una de ellas concluyó en estos días y se espera una nueva audiencia que marcará el inicio del juicio por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, de acuerdo con el sistema penal vigente, aunque también dicho plazo podrá ser ampliado, a solicitud de alguna de las partes.

Flavino Ríos Alvarado

El brazo derecho de Javier Duarte de Ochoa, el gobernador de Veracruz prófugo de la justicia, enfrenta cargos por tres delitos: encubrimiento por favorecimiento, abuso de autoridad y tráfico de influencias, pero aunque se le dictó la medida cautelar de un año de prisión preventiva, solo estuvo una semana, aduciendo un supuesto mal cardiaco.

Ríos Alvarado fue detenido el 12 de marzo en esta capital, y presentado a las 10:46 horas ante un juez de control; posteriormente, fue desahogada su audiencia de imputación e imposición de medidas cautelares.

La FGE tiene abierta la investigación ministerial 38/2017 en contra del excolaborador de Javier Duarte, en la Fiscalía Especializada en hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, a cargo de los fiscales octavo y décimo, José Tomás Francisco Hernández Morales y Carlos Alberto Cadena Estrada, respectivamente.

Así, la Fiscalía señaló que Ríos Alvarado está acusado de los delitos citados, pues abusando de su posición como gobernador interino, facilitó la huida de Javier Duarte de Ochoa, el 14 de octubre de 2016.

Lo anterior al instruir a varios trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica, como gobernador interino de Veracruz, otorgarle todas las facilidades a Duarte de Ochoa, lo que permitió que se sustrajera de la acción de la justicia.

Ríos Alvarado, ungido como gobernador el 12 de octubre cerca de la medianoche, se apersonó en la Dirección General de Aeronáutica del aeropuerto del Lencero, un día después, el 13 de octubre entre las 09:00 y 10:00 horas, donde solicitó a Ricardo Casanova Morales, analista de proyectos de la Dirección General de Aeronáutica en el aeropuerto El Lencero otorgarle facilidades a Duarte, a costa del erario y ya sin ser servidor público, para que pudiera abandonar la capital del Estado.

Así, la FGE lo acusa de ser el autor material de la comisión de un delito doloso, pues en su calidad de servidor público, incurrió en conductas contrarias a la ley.

Flavino es investigado también por desvío de recursos por más de 250 millones de pesos a su paso en la Segob, así como de la malversación de más de 2 mil millones de pesos, en su calidad de integrante del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Sin embargo, el 10 de abril, tras permanecer algunas semanas en el hospital, la juez del caso consideró que Ríos Alvarado no podría seguir el proceso en la cárcel, por lo que decidió otorgarle libertad condicional, lo que implica solamente el pago de cinco millones de pesos, dejar su pasaporte, pasar a firmar y no salir de Xalapa. La medida fue impugnada por la FGE.

Mauricio Martín Audirac Murillo

El ex secretario de Finanzas y Planeación Mauricio Audirac Murillo tiene el record de tres vinculaciones a proceso.

Detenido el 29 de marzo, está acusado de peculado, tráfico de influencias, abuso de autoridad, coalición e incumplimiento de un deber legal. Por los tres procesos, está preso en Pacho Viejo, donde además es permanentemente vigilado y debió pagar una garantía económica de 50 millones de pesos.

Audirac es acusado de haber ordenado, como titular de la Sefiplan, 23 transferencias bancarias al ex director del Seguro Popular, Leonel Bustos Solís, por 2 mil 300 millones de pesos., por lo que existe un proceso en la carpeta 243/2016.

Desde el principio, la defensa de Mauricio Audirac Murillo ha insistido en acusar al ex tesorero y actual diputado federal Tarek Abdalá Saad como el responsable de ordenar las transferencias con el objetivo de efectuar una inversión de potencialización de rendimientos financieros, sin embargo tales recursos nunca fueron devueltos ni tampoco los intereses generados.

La Fiscalía General del Estado imputa que entre el 28 de noviembre, el 10 y 16 de diciembre de 2014, Audirac en su calidad de Secretario de Finanzas ordenó las 23 transferencias de los fondos del Seguro Popular a las cuentas del gobierno del estado.

Esta acción, consideró la juez, fue completamente fuera de la ley, pues dichas funciones –de solicitar los recursos- no eran facultades de su encargo como titular de la Sefiplan.

Cabe recordar que el día de su detención en la ciudad de Puebla, el 29 de marzo, a MauricioAudirac Murillo se le acusó del delito de coalición en agravio del servicio público, por ordenar las transferencias, junto a Leonel Bustos Solís y Tarek Abdalá, de 2 mil 300 millones de pesos.

Para ello, se abrió la carpeta de investigación 36/2017, cuyo caso es llevado por la juez Alma Aleida Sosa Jiménez, quien decretó desde esa fecha la prisión preventiva de un año.

A su vez, se le vincula a la carpeta 56/2017, donde está también vinculado Francisco Valencia García, ex director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), ambos acusados de desviar fondos de esa dependencia.

Valencia y Mauricio Martín comparten la comisión de delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y peculado.

A Audirac se le acusa de haber solicitado transferencias de 220 millones de pesos y a Valencia de haber ordenado que se enviaran a cuentas del gobierno del estado, 435 millones de pesos.

Audirac intentó acumular sus procesos, sin embargo, no le fue concedido, porque además Francisco Valencia dijo que no es una estrategia que sirva a su defensa.

Francisco Antonio Valencia García

Imputado por cinco delitos, Francisco Valencia García, ex titular de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), cumple una prisión preventiva en Pacho Viejo, desde el 31 de marzo, que fue apresado.

Al “gordo Valencia”, se le sigue el procedimiento 56/2017 por los delitos de peculado, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, coalición y abuso de autoridad, acusado de haber autorizado transferencias de los fondos de la CAEV por un total de 435 millones de pesos en los ejercicios fiscales 2013 y 2014 mientras se desempeñaba como titular de la dependencia. 

La Fiscalía General del Estado aportó como datos de prueba diversos oficios donde Mauricio Audirac Murillo y Carlos Aguirre, ambos ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) solicitan, en 2013 y 214 transferencia de fondos de la CAEV, provenientes de diversos programas federales a esa dependencia.

Además, complementó con los oficios que a su vez Francisco Valencia giró a otros colaboradores, especialmente a Noé Rodrigo Hernández Hernández subdirector administrativo de la CAEV que aparentemente es quien ordena las transferencias. 

También, presentó otros siete donde desde la CAEV se solicita a la Secretaría de Finanzas y Planeación que devuelva el dinero, facilitado en calidad de "préstamo".

Leonel Bustos Solís

El exdirector del Régimen Estatal de Seguridad Social (REPS) de Veracruz, Leonel Bustos Solís, es acusado de desviar 2 mil 300 millones de pesos que estaban destinados para el Seguro Popular y el Programa Oportunidades.

Además, la Fiscalía le imputa al exfuncionario los cargos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencias, con una posible sentencia de 30 años, en la carpeta de investigación 243/2016.

Bustos Solís fue recluido en Pacho Viejo el 20 de enero, luego que Verónica Portilla Suazo, dictara la medida cautelar por tres meses, al encontrar elementos suficientes para presumir que podría sustraerse de la acción de la justicia, pues cuenta con diversos domicilios y tiene una solvencia de al menos 20 millones de pesos.

La FGE acusa que Bustos Solís realizó 23 transferencias bancarias a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), por la cantidad de 2 mil 300 millones de pesos entre el 28 de noviembre, 10 y 16 de diciembre de 2014.

Los movimientos, agregó la Fiscalía, fueron avalados por tres oficios; el 25 de enero, se dictó la vinculación a proceso, pero seis días después, el 31 de enero, Bustos salió de prisión, al lograr una suspensión provisional de la medida, determinación que fue impugnada por la FGE.

El 3 de febrero, la defensa solicitó un amparo para evitar volver a la cárcel, pero la suspensión definitiva fue negada el 14, abriéndose la posibilidad de devolverlos a prisión.

El 2 de marzo, la FGE solicitó una audiencia para pedir nuevamente una orden de aprehensión, pues Bustos estaba citado para la revisión de medidas cautelares y no se presentó, lo que para la parte acusadora representa una sustracción de la justicia.

Hasta el momento, se sabe que la orden de aprehensión ya fue concedida.

Gabriel Deantes Ramos

El 17 de noviembre de 2016, el juez de control Marco Antonio Domínguez informó a Gabriel Deantes Ramos, que se encontraba en calidad de imputado por el delito de enriquecimiento ilícito de poco más de 50 millones de pesos, abriendo el proceso penal 220/2016.

Por ello, y como medidas cautelares el juez autorizó el embargo de cuatro propiedades, la garantía económica de un millón de pesos, la presentación ante la autoridad cada 15 días y la prohibición de salir del país. El 23 fue vinculado a proceso.

La Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Hechos de Corrupción acusó que desde el año 2011 hasta 2016, se hizo un análisis y peritaje sobre la situación patrimonial de Gabriel Deantes detectando un enriquecimiento inexplicable por poco más de 50 millones de pesos. Dentro de este monto, los fiscales indicaron que Deantes Ramos justifica 32 millones de pesos.

Hace unos días, un juez federal con sede en Cholula, Puebla, le negó un amparo con el que buscaba anular la vinculación a proceso, pues los argumentos de Deantes eran basados solamente en acusaciones fundadas pero inoperantes, pues reclamaba que no se le había señalado exactamente el puesto que ocupaba al momento del ilícito, y que la FGE no respetó el principio de oralidad.
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