viernes, 28 de abril de 2017

Tihuatlán, CAMPO DE EXTERMINIO, auténtico Auschwitz en el Veracruz de JavierDuarte

TIHUATLÁN, Veracruz.- "Es horrible lo que nosotros encontramos... así es como acaba un desaparecido en México", dice Mario Vergara Hernández, desde el rancho "La Gallera", en este municipio del norte veracruzano.

Es un hombre que lleva el olor a sangre y huesos entre las uñas y pegado a la piel desde octubre de 2014, después de convertirse en uno de los buscadores de fosas más activos, primero en Guerrero -donde fue secuestrado su hermano Tomás Vergara Hernández- y luego en otros estados del país.

Su labor activista en la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, integrada por víctimas indirectas de desapariciones y desapariciones forzadas, que arrancó el abril de 2016, ha logrado ya la localización de fosas clandestinas en Sinaloa y Veracruz. 

Su perturbadora experiencia en este campo –que incluye el rastreo de fosas clandestinas y el reconocimiento de piezas humanas- es ya reconocida desde que literalmente empezó a escarbar en la tierra después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

Esto motivó a las madres del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera a solicitar su apoyo para explorar un cementerio clandestino y posible campo de exterminio, del que parientes desesperados tenían información gracias que han logrado obtener datos de grupos criminales. El lugar se halla en la comunidad Rancho Viejo de esta comuna. 
De acuerdo con múltiples testimonios, el sitio sólo fue explorado superficialmente por la Fiscalía General del Estado (FGE) el 2 de febrero de este año, pero por motivos no explicados, la autoridad suspendió estas tareas, omitió revelar el hallazgo del sitio tanto al público como a los colectivos de familiares de desaparecidos. La zona fue abandonada. 

El rancho "La Gallera" se encuentra cerca de los límites de este municipio con Poza Rica. Los familiares-rastreadores muestran decenas de evidencias que generan estupefacción y sacuden la conciencia. Es imposible imaginar cómo sacudirán a las miles de familias que en Veracruz y estados vecinos siguen buscando a un pariente perdido.

La casa central del rancho encierra una sorpresa adicional: un horno en cuyo interior y sus alrededores generó diversas acumulaciones de cenizas de origen incierto. Los rastreadores muestran certeza de que ahí fue incinerado un número indeterminado de cadáveres. En el área han sido ubicadas hasta ahora 22 fosas con restos presumiblemente humanos.

En distintos puntos de la casa –en escaleras y pasillos- se observan rastros de un rojo deslavado. "Sangre de alguien fue arrastrado por aquí o de un bulto que contenía restos", sostienen los guías de este recorrido.

Pese a estas evidencias, ninguna autoridad ha vuelto al predio ni hecho público el hallazgo. Tampoco mostrado atención a los familiares de las víctimas.
Pero estos parientes mostraron las agallas para investigar, apelar a todos los recursos que si angustia les permitió. Y dieron con este sitio que alguna autoridad decidió abandonar, ocultar o simplemente ignorar, despreciar.

"Con todo, aquí seguiremos. Hasta que la dignidad se haga costumbre", resume una y otra vez Mario Vergara mientras camina por una ruta que por donde se posa la vista ofrece rastros de huesos, cenizas, ropa y otros indicios.

Requerida su postura sobre este tema, la Fiscalía estatal declinó emitir comentarios. Tanto por vía de su vocero, Conrado Hernández Ortiz, como por el propio fiscal, Jorge Winckler Ortiz, se ofreció entrevista sobre reacciones por este hallazgo. Pero no se tuvo respuesta hasta la noche de este miércoles.

Los enviados de LA SILLA ROTA acudieron a este rancho en una visita que representó la tercera para los integrantes del colectivo. Ingresaron al predio ubicado apenas a un kilómetro del negocio "Autopartes Gómez", propiedad del alcalde perredista Gregorio Martínez. Este negocio fue cateado en junio de 2015 por denuncias de piezas robadas. En el operativo fueron detenidas 10 personas, pero aun así sigue operando.

Para llegar a la propiedad se caminan escasos 200 metros en línea recta sobre terreno pedregoso con cercos de alambres de púas. Atrás, a 3 kilómetros, había quedo la carretera Poza Rica-Tampico. Más adelante del rancho está el río Cazones.

No es el último rincón del mundo. 

Resulta difícil que para los lugareños fuera del todo desconocido lo que aquí ocurría. Peor para alguien ajeno a la zona, secuestrado y trasladado aquí para encontrarse con la muerte, el sitio debió parecer "un infierno sin salida; la gente no tenía escapatoria", estima uno de los guías, de quien se reserva la identidad así como del resto de los participantes del recorrido, a petición de ellos mismos.
Aquí el ruido de la mancha urbana se extravía entre el silbido de las aves y de las cigarras. Y a pesar de lo que en este sitio ocurrió y lo que fue encontrado, el predio no está resguardado por autoridades ni asegurado para impedir el acceso. Una cintilla amarilla que alguna vez delimitó el paso está tirada en el suelo entre las ramas y los esbeltos troncos de las jacarandas. Pero esa cinta demuestra que el lugar fue visitado alguna vez por la autoridad.

"...Y esta es la pulcritud con la que trabaja la Fiscalía", dice uno de los integrantes del colectivo Familias en Búsqueda María Herrera, al mostrar ropas, guantes, material de tipo forense y bolsas de basura que alguien utilizó y soltó al piso, como lo hace quien se apresura a abandonar un lugar en donde se siente incómodo.

La casa del rancho es de dos pisos, con seis habitaciones. Dos balcones dibujan la fachada, enmarcados con azulejos. Todas las habitaciones están pintadas de rosa, color que se destina a la alcoba de niñas o adolescentes. Ello contrasta con lo que ahí ocurrió, pero acaso dice algo de los dueños originales del lugar, que encierra una historia ominosa. 

"Al dueño lo despojaron". 

Al señor le secuestraron en 2011 a sus familiares y para que se los devolvieran le pidieron el rancho. Eso pasó hace seis años. Imagínate todo lo que pasó aquí en esos años; cuántos cuerpos puede haber aquí", comenta al entrar al inmueble una madre de desaparecido que hace las veces de guía junto con su grupo.

Las mujeres buscadoras ingresan a la habitación principal, y ahí mismo sacan de los papeles que siempre cargan con ellas fotografías que tomaron en la primera visita. En las gráficas se aprecian trayectorias marcadas con sangre que van desde las recámaras hasta la salida, al patio trasero de la casa. 

"Estas huellas eran de bultos que fueron arrastrados antes de ser enterrados", dice con certidumbre un joven que camina al frente del grupo. 

En el cuarto principal ya casi no son visibles las marcas, aunque ahora yacen en el piso batas de médicos forenses, guantes de plástico, vasos, platos desechables y restos de comida. Una cartulina blanca dice "Área de Visitadores", lo que marca el sitio en donde laboraron los activistas del Colectivo Familias en Búsqueda María Herrera en una primera diligencia, el pasado 1 de febrero. 
A unos pasos de ahí, al centro de una habitación de tamaño mediano, aparece el horno de piedra, que pudo haber servido para hacer ladrillos alguna vez, y que la Fiscalía dijo a lugareños que quizá fue usado también para preparar "zacahuil" (una especie de tamal de grandes dimensiones, originario de la zona huasteca). 

Dentro, a un lado y detrás del horno se pueden ver montones de cenizas. 

Son visibles pequeños restos de lo que miembros del colectivo aseguran según su experiencia, pueden ser huesos humanos. "Ya no nos asombra la maldad de las personas, por eso no descartamos que se trate de una ´cocina humana´, como tantas otras en Veracruz", dice este mismo hombre. 

"Esa montaña de cenizas está llena de restos", dice uno de los familiares, a quien el viento le impregna el rostro de tizne, el mismo que se adhiere a la de las cámaras. Los fragmentos de huesos más grandes los han entregado ya a la Fiscalía dentro de un bote con otras evidencias. No han recibido ningún reporte al respecto, salvo el silencio. 

Los indicios de un lugar de exterminio 

Esta historia empezó hace diez meses, cuando en Veracruz aún gobernaba Javier Duarte de Ochoa, ahora recluido en un penal de Guatemala en espera de su extradición, acusado de malversación de recursos públicos y delincuencia organizada. 

En una reunión con autoridades locales y con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en Boca del Río, el 26 de abril de 2016, Jesús Jiménez Gaona, exigió que se indagara si había fosas clandestinas en el norte de Veracruz, especialmente en Poza Rica, donde su hija Jenny Isabel Jiménez Vázquez y tres de sus amigos fueron privados de su libertad en 2011. 
Hundido en la angustia por encontrar a su hija, Jiménez Gaona, de oficio comerciante, se dio a la tarea de adentrarse en los primeros círculos de la delincuencia organizada, refieren sus compañeros de colectivo, y gracias a ello consiguió 36 ubicaciones geográficas, donde posiblemente asesinaban personas. 

Esas áreas abarcan desde el municipio de Gutiérrez Zamora, se extienden por Papantla, Coatzintla y Poza Rica, hasta llegar a Tihuatlán. La simple propuesta de Jiménez Gaona representó para quienes buscan a sus familiares -en un país donde hay 26 mil desaparecidos según cifras oficiales- una esperanza. 

Sólo en Veracruz se tiene el reporte de 2 mil 133 personas que desde 2006 no han sido localizadas. En los últimos 7 años se han exhumado 535 cadáveres de fosas clandestinas en 43 municipios.

Pero meses después de haber elevado su petición, el 21 de junio de 2016, Jesús Ramírez viajaba en un vehículo en compañía de su esposa. Trabajaba en la integración de brigadas de búsqueda de desparecidos. Circulaban sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en Poza Rica, cuando fueron atacados por un grupo armado que logró matarlo a él y herirla a ella. 

El miedo se coló en las mentes de los colectivos de búsqueda y la esperanza de acudir al sitio se apagó...pero sólo por unos meses. 

Tras la llegada de la transición en el estado en diciembre de 2016, cuando Miguel Ángel Yunes Linares -el primer gobernador de un partido distinto al PRI- tomó el cargo, los familiares se armaron de valor de nuevo y pidieron apoyo para realizar una búsqueda entre Tihuatlán y Poza Rica. 

Habían recabado más datos y señalaron directamente que tenían sospechas sobre el rancho "La Gallera". Confiaron en las promesas que el hoy ejecutivo estatal hizo durante su campaña a los activistas, cuando aseguró que el tema de desaparecidos sería primordial en su bienio. 
Sin embargo, la respuesta no fue la esperada, de parte de los fiscales regionales de la zona norte. "Quisieron meternos miedo... pero nuestros planes no podían volver a arruinarlos", asegura una integrante de la agrupación Familiares en Búsqueda María Herrera, quien pide no se revele su nombre por temor expreso. 

Los fiscales regionales, explica mientras acompaña a los reporteros al recorrido en el rancho "La Gallera", les advirtieron que en ese corredor operan seis grupos criminales: dos células de los Zetas (La 35 y la 52), el Cártel del Golfo, Jalisco Nuevo Generación, Los Arroyo y Cárteles Unidos.

Finalmente, el 1 de febrero de este año, los familiares casi forzaron al fiscal general del estado Jorge Winckler para conducir una diligencia aquí. Y efectivamente, encontraron rastros de cuerpos. "Nadie imaginaba encontrar todo lo que vimos... Fuimos testigos de la exhumación de cinco hombres y una mujer en tres fosas. Los rasgos de cuatro rostros y sus tatuajes eran evidentes: la Santa Muerte en un antebrazo y el nombre de Lupita; las iniciales E y S en el brazo derecho; dos nombres a la altura del pecho con los nombres: Ali Dalatiel y Francisco Javier.

Los familiares insistieron ante el Fiscal para recorrer cada punto del lugar y así llegaron, con el estómago revuelto, al horno lleno de cenizas. Todas con el conocimiento de que, en Veracruz, no sería la primera "cocina humana" que era descubierta. 

En marzo de 2016, a raíz de la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, Veracruz - conocido como el "Caso Tierra Blanca"-, se desplegaron diligencias encabezadas por la Policía Científica, de la Policía Federal, que dieron como resultado el hallazgo de otro rancho en el municipio de Tlalixcoyan, llamado "El Limón". 

El citado subsecretario Roberto Campa Cifrián confirmó la ubicación de 10 mil fragmentos carbonizados, entre ellos restos óseos de los jóvenes José Alfredo González Díaz y Bernardo Benítez Arroniz. 

De acuerdo con la declaración de tres civiles vinculados a una célula del crimen organizado (asentado en la carpeta de investigación 27/2016) las víctimas que fueron asesinadas en el rancho El Limón eran incineradas en hornos clandestinos, y los restos que no se desintegraban con el fuego eran triturados en un molino de caña y finalmente arrojados a un río (el Tlalixcoyan) que corre a pie del lugar. 

Por esta razón, los activistas exigieron a las autoridades que consideraran el horno como un indicio, pero la respuesta llegó de bote pronto: "No lo descartamos, señoras, pero si aquí incineraron gente tendría que haber restos calcinados y ustedes vieron que los seis cuerpos estaban completos", les dijeron los agentes ministeriales sin revisar las cenizas que había atrás, dentro y alrededor del horno.

Con ello, los fiscales dieron por terminada la diligencia sin tomar muestras ni revisar el resto del predio. Pero la duda se quedó en la cabeza de los integrantes del colectivo María Herrera y decidieron hacer algo.

"Nos dimos cuenta que en este lugar había maletas de ropa, prendas de niños, zapatos regados, nosotros dijimos 'no es posible que sólo estén esos seis cuerpos'", dice Ernesto, un activista que asesora a las víctimas indirectas desde 2016. 
El colectivo solicitó un permiso ante la Fiscalía General del Estado para volver a rastrear el lugar con el apoyo de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, conformada por "buscadores de fosas", como se les conoce en México a quienes desde la sociedad civil se han especializado en rastrear lugares donde podrían estar víctimas enterradas. La autorización de la FGE llegó hasta el 27 de febrero en el oficio FGE/FRJZNTX/04, del que LA SILLA ROTA tiene copia. 

Volvieron entonces el 1 de marzo de 2017 y comprobaron a las autoridades que donde ellos logran un hallazgo, los familiares de desaparecidos lo multiplican.

Esta vez los familiares originarios de la zona norte de Veracruz no asistieron solos al predio: al frente, y cuidando sus espaldas, caminaron integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. 

En diez horas de labores, con herramientas rústicas como palas, picos, y una lanza puntiaguda que sirve para que los buscadores olfateen en busca de olores nauseabundos (cuerpos inhumados), encontraron 22 huecos con al menos cien restos óseos, que hace suponer a los activistas la muerte de docenas de víctimas. 

"Los restos estaban quemados y cercenados, también ubicamos el cráneo de un menor de edad, de aproximadamente cinco años, estaba partido a la mitad, tenía manchas de tizne y la mitad estaba cubierto de ceniza", recuerda una mujer invadida por el llanto mientras está sentada sobre una piedra en este mismo lugar que presenció la segunda diligencia civil. 
"Una vez que le hicimos el trabajo pesado a la Fiscalía, les entregamos un bote repleto de cenizas y huesos, y les exigimos que nos informaran si se trata de la misma que hay en ese horno. Pero no hicieron nada, ahora que regresamos por tercera vez nos damos cuenta que la ceniza continúa regada en el piso", fustiga otra integrante de la agrupación.

Para Celestino Espinoza Rivera, abogado por el caso "Tierra Blanca" la labor de la Fiscalía habla de un trabajo desaseado y poco profesional, "llegaron un día, nada más presionados por los colectivos, y ya después al no haber presión abandonaron los restos, sin embalar, sin etiquetar, eso es un trabajo deficiente". 

Y advierte: "los indicios que quedaron en el suelo y al aire libre ya están contaminados, no habrá certeza de que se encuentren de la misma manera que la primera vez, porque tampoco hay seguridad que resguarde el terreno. En el predio se pudieron haber metido animales de carroña, o las mismas personas que ocupaban el lugar para borrar evidencias". Desde entonces, a pesar de haber sido entregadas las evidencias, las autoridades guardan silencio sobre el hallazgo de este terreno donde podrían estar los familiares de miles de personas buscadas en México y que no se ha dado a conocer por las autoridades. 
Desde esa fecha, también, nada saben de los restos humanos que fueron entregados a la Fiscalía veracruzana. "Nosotros depositamos la confianza en la Fiscalía porque quedaron de entregarnos un reporte de los hallazgos a la brevedad. Hoy el rancho está abandonado y dejaron evidencias regadas sobre el piso... Tenemos miedo de ventilar todo este horror, pero también necesitamos respuestas", dice una de las madres que asiste por tercera vez al rancho La Gallera.

A casi tres meses del hallazgo en el rancho La Gallera, la Fiscalía de Veracruz no ha emitido un comunicado sobre los 22 puntos localizados por los familiares de desaparecidos, tampoco han entregado un informe que, prometieron, detallaría el número de restos procesados, así como la materia genética que pudiera ser confrontada con el ADN de 40 familias que integran el colectivo María Herrera.

No estaban equivocados... "Veracruz es un fosario", advirtió el sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra en su última visita a la entidad del Golfo de México el 22 de marzo de este año. 

"Miguel Ángel Yunes Linares se comprometió con los ocho colectivos de desaparecidos, frente a mí, que iba a hacer todo lo posible por buscar restos, entonces yo creo que va de por medio su credibilidad. 

Sería lamentable que al igual que en el gobierno pasado, no se tuviera la voluntad política para hacer las cosas", menciona en entrevista el postulado al Premio Nobel de la Paz 2017

En esa reunión, Yunes dijo: "Coincido en que es indispensable encontrar la luz o la verdad, ella dice (una madre del colectivo) con o sin la autoridad, yo pediría con la autoridad; mi gobierno quiere ir al fondo de la verdad. Este gobierno no ha dicho aquí no pasa nada", dijo Yunes en esa reunión con activistas. 

"La Fiscalía no puede dejar de buscar en los predios, eso no revela una investigación seria. Si Jorge Winckler no puede, porque tiene otros asuntos, entonces que delegue una persona que de verdad apoye la búsqueda", fustiga Solalinde.

Julio Hernández Barros, ex titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) y especialista en derecho de víctimas coincide con Solalinde. 

"Es una gran omisión de las autoridades haber dejado sin custodia estos hallazgos, sin haber establecido una verdadera cadena de custodia para que la prueba se preserve, debe conducir esto incluso a una responsabilidad". "Son los principios más elementales de la criminalística para recabar pruebas, es catalogarlas, embalarlas... los que sufren son las víctimas a quienes se les niega el derecho que tienen de conocer la identidad de las personas que ahí estaban; el derecho a la verdad, a la justicia, los principios de dignidad", agrega. 

La paciencia para los colectivos se acabó. 

Mientras tantas personas en México necesitan pistas para seguir la huella de sus desaparecidos, la información sigue ocultándose, resaltan. "Que ya no oculten el lugar, que el estado deje de ser omiso deje de estar solapando, que deje este silencio porque este silencio y este retardo a las familias es síntoma de complicidad", sentencia Ernesto.
¡ CONTENIDO RELACIONADO, DALE CLICK!

0 comentarios :

Publicar un comentario