jueves, 27 de abril de 2017

APRUEBA el Senado Ley CONTRA TORTURA

El pleno del Senado de la República aprobó este martes, con 90 votos a favor y cero en contra, la minuta que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.

El delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio.

La ley establece la “prohibición absoluta a la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se encuentran prohibidos de manera estricta, completa, incondicional e imperativa”.

Esta establece que no será válida ninguna declaración o prueba cuyo originen tengan un acto de tortura, abuso, o trato cruel inhumano; y que por primera vez se encarcelarán a policías que ejerzan abuso de poder sin justificación alguna.

Los superiores jerárquicos (policiales) serán considerados autores del delito de tortura en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable”, señala.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la CNDH en el presente año se han recibido 4 mil 404 quejas que versan en torno a la tortura o el trato degradante”, dijo desde tribuna la senadora Pilar Ortega Martínez.

Agregó que actualmente en el país se sigue implementando la tortura por parte de algunas autoridades desde el momento de la detención o al emitir declaraciones, lo cual debe erradicarse.

La minuta apunta que, al servidor público que, siendo investigado o vinculado a proceso por el delito de tortura, y que por razón de su encargo o influencia pueda interferir u obstaculizar las investigaciones, le podrán ser aplicadas las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluida la suspensión del cargo.

Adicionalmente, se adoptarán las medidas administrativas y provisionales necesarias para impedir que el servidor público señalado interfiera con las investigaciones. 

Apunta que, el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial.

Con este proyecto de Ley también se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional.
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