sábado, 22 de octubre de 2016

Veracruz: DOS hermanos de JavierDuarte involucrados en FRAUDES

Inicialmente, Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia del estado de Veracruz, enfrenta una acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita que ascienden a 600 millones de pesos, los cuales fueron transferidos a 31 empresas fachadas que obtuvieron contratos con el gobierno veracruzano .

Asimismo, entre las operaciones que aún están bajo investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra la adquisición de uniformes y desayunos escolares, compras en las que, entre otros, participaron dos hermanos de Javier Duarte. 

Las acciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el descubrimiento de empresas fachadas generaron que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dé seguimiento a los movimientos financieros en los que están relacionados al menos diez funcionarios del gobierno de Veracruz, y también la vinculación que al menos ocho de ellos tenían con 33 empresas constituidas, pero que no realizaban ninguna actividad. 

Funcionarios federales refirieron que los informes de la ASF detectaron, según el documento denominado ‘‘Observaciones con impacto económico pendientes de solventar 2011­ 2013’’, un monto de 13 millones 456 mil pesos (2013), y en 2014 se le detectó una cantidad de 14 millones 47 mil y se le impusieron procedimientos resarcitorios por 3 millones 148 mil pesos. 

De acuerdo con la ASF, al gobierno de Javier Duarte se le presentaron denuncias por un monto de 4,770.2 millones de pesos por estar relacionados con simulación de reintegros a la Tesorería de la Federación. 

El monto total de los recursos observados por el auditor superior de la Federación entre 2011 y 2014 ascendió a 35,421.7 millones. 

La auditoría señaló en su informe 2014 que ‘‘una irregularidad recurrente en diversas entidades federativas y municipios es la indebida transferencia de recursos de las cuentas de los fondos y programas a cuentas bancarias distintas a éstos para financiar requerimientos propios de los gobiernos locales.

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