sábado, 1 de octubre de 2016

Piden sean DESAFORADOS y DETENIDOS funcionarios de Javier Duarte en Verfollow


Si bien el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no da a conocer en su Segundo Informe Público sobre el caso de las empresas “fantasma” los nombres de los funcionarios involucrados tras la investigación de Animal Político, se debe recordar que dicho medio de comunicación vinculó en este escándalo a diversos servidores públicos como Alberto Silva Ramos, Edgar Spinoso Carrera, Humberto Benítez Pérez, Tarek Abdalá Saad y Noemí Guzmán Lagunes.


Asimismo, a Juan Carlos Rodríguez, Tomás Ruiz, Adolfo Mota Hernández y Zaidé del Carmen Zamudio Corro.

Hay que recordar que varios de los ya mencionados ahora ocupan una curul en la Cámara de Diputados, otros son diputados electos y algunos siguen en la función pública.

Por ejemplo, Silva Ramos logró llegar al cargo de diputado federal, pero al poco tiempo solicitó licencia para regresar a ser coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz.

Tomás Ruiz González ha ocupado varios cargos en la administración pública federal y estatal, ahora, en la presente administración estatal, se desempeñó como secretario de Finanzas y actualmente es secretario de Infraestructura y Obras Públicas.

En el caso de Edgar Spinoso Carrera, fue oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz y actualmente es diputado federal; Tarek Abdalá Saad llegó a ser tesorero de la SEFIPLAN y actualmente goza de fuero al haber ganado la diputación federal.

Es el mismo caso de Noemí Guzmán Lagunes, quien se desempeñó los primeros años como secretaria de Protección Civil y al día de hoy es legisladora federal.

Por su parte, Vicente Benítez ocupó diversos cargos en la administración de Javier Duarte, el último, antes de buscar la diputación local, fue como oficial mayor de la SEV.

Juan Carlos Rodríguez es un abogado que ocupó cargos en la SEDESOL estatal y la Secretaría de Salud y quien últimamente se ha defendido en medios nacionales porque afirma que nunca ha sido militante del PRI, ello luego de que el tricolor le suspendiera sus supuestos derechos partidarios.

Adolfo Mota es otro de los señalados en la investigación de Animal Político por el presunto desvío de recursos de la SEV, pero ahora, al igual que otros de los involucrados, se desempeña como diputado federal.

Por último, Zaidé del Carmen Zamudio Corro fue jefa de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Protección Civil. 


El diputado local Edgar Hugo Fernández Bernal dijo esperar que al inicio de la 64 Legislatura de Veracruz se proceda a desaforar a Juan Manuel del Castillo González y Vicente Benítez González, diputados locales electos por Córdoba y San Andrés Tuxtla, respetivamente.


Sobre ambos pesan acusaciones serias de malversación de recursos y enriquecimiento ilícito que deben investigarse a fondo, añadió el legislador albiazul.

“Es momento de mandar una señal clara de que ya, ese jueguito en el que entran los malos funcionarios después de brincar de un cargo a otro buscando fuero constitucional, debe eliminarse”.

Cabe mencionar que Vicente Benítez González, diputado local electo del Partido Nueva Alianza, ha sido señalado por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, de enriquecimiento ilícito al poseer más de mil millones de dólares en bienes inmuebles e inversiones financieras, luego de su paso como funcionario del Gobierno del Estado como fue la Tesorería, la Subsecretaría de Desarrollo Social y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Mientras que Juan Manuel del Castillo González, exsubsecretario de Finanzas y Administración del gobierno de Javier Duarte fue demandado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos por “retención indebida” de recursos por 22 millones 411 mil pesos en prejuicio de mil 84 empleados del

Poder Ejecutivo y de la empresa financiera Intermercado.

Por otra parte, Fernández Bernal, dijo espera que la suspensión de los derechos partidistas al gobernador Javier Duarte de Ochoa, no sea un distractor para no dar respuesta al reclamo de justicia que exigen los veracruzanos ante el quebranto financiero de Veracruz.

La demanda social va más allá de quitarles los derechos partidistas a algunos militantes de un partido.

"Eso sólo representa medidas de apremio de un partido político en contra de algunos de sus militantes, pero lo que nos preocupa a los ciudadanos es que se haga justicia, que se sancione a los culpables y que devuelvan lo robado. El que le quiten los derechos partidistas es una cuestión interna de un partido político, lo que queremos es justicia, simple y sencillamente".

Aunque no dejó de reconocer que al interior del Partido Revolucionario Institucional sí hay preocupación porque cada día los escándalos de militantes de su partido están a la orden del día.

La sociedad en su conjunto -dijo- se encuentra insatisfecha porque no hay logros ni mejoras en las condiciones de vida, cada día hay más pobres, inseguridad, el costo de los servicios básicos se encarece y el dólar por las nubes, principalmente.

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