lunes, 22 de agosto de 2016

Se AMPARAN 5 "DUARTISTAS" ante DENUNCIAS de la ASF/PGR en Veracruz


Cuatro ex-funcionarios duartistas y uno actual, han logrado una suspensión provisional para evitar ser presentados o detenidos por alguno de los más de cien jueces federales y estatales que hay en Veracruz, por lo que les resulte dentro de algunas de las 48 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Procuraduría General de la República (PGR).


Los señalados en este escándalo son: los ex-secretarios de Finanzas y Planeación, Salvador Manzur Díaz y Tomás Ruiz González; así como Carlos Aguirre Morales (quien fue encargado del despacho a la salida de Manzur y subsecretario de Egresos), Gabriel Deantes Ramos, ex-secretario del Trabajo y José Francisco Díaz Valenzuela, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación estatal.

De acuerdo a los informes recabados, los personajes antes mencionados se les involucra en acciones legales simultáneamente realizadas, durante los cargos que sostuvieron dentro del gobierno duartista.

Los involucrados saben que ya existe una causa penal en su contra por “X” delito, lo que no saben es en qué Juzgado está radicada, por eso su solicitud de amparo provisional contra los más de cien jueces, tanto federales como estatales que hay en el Estado. Por experiencia, de la mayoría van a sobreseer por inexistencia de actos y si alguno acredita que sí tiene una causa penal ahí se estudiará el asunto.

Ahora con el nuevo sistema penal acusatorio los exfuncionarios podrían alcanzar los beneficios de este sistema, mientras tanto la suspensión provisional está transcurriendo.

Es en el Juzgado Segundo de Distrito donde se les otorgó la suspensión provisional, donde se pedirá a los jueces conocedores del caso, le rindan el informe previo donde deberán manifestar si el acto reclamado deriva del nuevo proceso penal acusatorio y oral.

Asimismo, deberán dar a conocer cuál es el hecho delictuoso que se imputa a los quejosos, la penalidad aplicable y la cuantía de los daños causados o beneficio económico obtenido, en caso de que se trate de delito de carácter patrimonial.

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