miércoles, 27 de julio de 2016

Veracruz: El PRI quiere la cabeza de JavierDuarte

Malquerido, Javier Duarte no cabe ni en Veracruz ni en el PRI. 

Ahí, vía fast track, quieren ver rodar su cabeza, exhibido en lo que es, un transgresor de la ley, maniobrando para gestarse un blindaje de impunidad que lo exima de ir a prisión.

Su nuevo líder, Enrique Ochoa Reza, va de las palabras a los hechos, del discurso del reclamo a los gobernantes corruptos a las acciones de inconstitucionalidad que se ventilan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo quiere inerme, vulnerable, moralmente desecho, sujeto al embate de sus adversarios y también de sus aliados, en la mira del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, y del priismo que va por la factura que le ha de cobrar.

Dice Ochoa Reza la debacle de Javier Duarte, vía el Senado de la República, a su lado la bancada del PRI que el lunes 25 envió la solicitud a la mesa directiva a fin de convocar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a darle característica de “trámite y resolución preferente” a la acción de inconstitucionalidad que interpuso la PGR contra el blindaje de impunidad con el que los gobiernos de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo quieren evadir la ley. O sea, que se lo ejecuten ya.

No fue sólo discurso, los díceres en su toma de posesión, cuando expresaba Ochoa Reza, aludiendo a gobernadores que se corrompen, que incurren en errores que le cuestan triunfos al PRI, que alejan al partido de los electores y que sumen a la sociedad en el caos por el abuso del poder.

Decía Ochoa Reza que contra esos “malos gobernantes” había que actuar, responsabilizarlos de sus acciones, proceder incluso en el terreno de la justicia para evitar que el modelo de corrupción termine de erosionar la propuesta del PRI.

No era sólo discurso. Y ya se ve. Hurga de nuevo en el tema de la inconstitucionalidad de las leyes anticorrupción que tramitaron y consumaron Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, y Roberto Borge, de Quintana Roo, violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, para eximirse de rendir cuentas a la sociedad.

A las maniobras de los Duarte y Borge, brincó la Presidencia de México y la Procuraduría General de la República con una acción de inconstitucionalidad, evidente la maniobra y la treta, revelando que las leyes locales se aprobaron antes que fueran promulgadas y publicadas las leyes federales en la materia.

Tácitamente, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge mandaron al diablo a Enrique Peña Nieto, a la zaga el presidente en este capítulo de impunidad y burla, ellos con sus leyes locales, con sus fiscales anticorrupción, con sus salas anticorrupción en los tribunales, Peñita con las leyes federales que aún no habían promulgado.

De ahí que Ochoa Reza vaya por ellos, por Javier Duarte, el de Veracruz; por César Duarte, el de Chihuahua, y por Roberto Borge, el de Quintana Roo, la tríada de la corrupción, la tercia del cinismo.

Reitera Ochoa Reza que la premura porque la SCJN actúe y resuelva es “en virtud de que en esos estados se carece de las facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción, sin que se hayan publicado, primero, las leyes generales correspondientes y que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias”.

No implica la acción de inconstitucionalidad los albazos y atracos de Javier Duarte para incrementar deuda, crear fideicomisos que obliguen al próximo gobierno a pagarle a los acreedores duartistas, la pandilla del gordobés en funciones de empresarios, el caso Bermúdez Zurita, donde el falso “general” ha sido juez y parte, secretario de Seguridad y proveedor de la SSP con negocios en los que anda embarrada su familia y un socio clave: Roberto Esquivel Hernández, algo así como 71 millones de pesos.

Vuelve a invocar Ochoa Reza que habrá un organismo anticorrupción en el PRI. Un grupo de expertos “estudia las mejores prácticas en la materia, internacionales, atendiendo a las experiencias de otros partidos políticos que han establecido organismos similares”.

De la expulsión de Javier y César Duarte, así como de Roberto Borge, refiere que lo lleva la Comisión de Justicia Partidaria, en las manos de Fernando Elías Calles, su presidente “y tiene un comportamiento autónomo”.

Ochoa Reza realizó el trámite ante el Senado —lunes 25—, suscrito por el senador Arturo Zamora, dirigido a Roberto Gil Zuarth, presidente de la mesa directiva. Ahí fundamenta la petición, que sea el Senado el que plantee a la SCJN que resuelva la acción de inconstitucionalidad al paquete de impunidad de Javier Duarte y sus pares de Chihuahua y Quintana Roo.

Hay la premura porque el cambio de poderes en Quintana Roo será el 25 de septiembre próximo, en Chihuahua el 4 de octubre y en Veracruz el 1 de diciembre.

No fue albazo en el PRI. No era golpe ni descontón, menos madruguete con afanes de persecución engañosa, alardeando Ochoa Reza que la nueva línea es ejecutar a los gobernadores y priistas en cargos de gobierno en que abusan y roban, que atropellan y atracan, que usan los recursos del erario para el enriquecimiento personal.

Si lo que propone el nuevo líder del PRI es real, cárceles le faltarían para proceder contra el gremio de la corrupción, los priistas con poder, que en todas las capas de la estructura de gobierno, el federal, los estatales, las alcaldías, roban a placer.

Pero el tiro es para Javier y César Duarte y Roberto Borge, los tres por haber llevado al PRI a una contundente derrota, el 5 de junio, provocando con sus excesos, las manos sucias, los recursos públicos malversados, el enriquecimiento y la opulencia, los viajes y las novias, el hartazgo social y, en consecuencia, el voto de castigo.

Hay voces que expresan que se trata de un ardid del PRI para que, ya promulgadas las leyes federales en materia de anticorrupción, la SCJN valide que los estados puedan emitir su propio marco legal y así se consume el proyecto de impunidad.

No es así. Dice la PGR por voz del subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, Salvador Sandoval que la SCJN debe resolver que ningún gobierno estatal puede emitir leyes anticorrupción a modo.

“Lo que en esencia se ha solicitado —precisa— en las acciones de inconstitucionalidad, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que las entidades federativas mencionadas carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes”.

Y Abunda:

“Y lo que es más, que se advierta que no puede hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias”.

Pregona el gobierno de Veracruz que acatará la resolución de la Suprema Corte. Ha de suponer que una vez establecido si hubo inconstitucionalidad, puedan los lacayos legislativos de Javier Duarte volver a la carga, relanzar sus leyes, su fiscal, su sala anticorrupción.

No lee Javier Duarte el enésimo mensaje de Peña Nieto. Lo toca la PGR, la Auditoría Superior de la Federación, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, las calificadoras financieras, la prensa nacional, la prensa internacional, Beltrones, Carolina Monroy, Ramírez Marín, Hendricks, Beatriz Pagés, Fidel Herrera, en algo más que un mea culpa, una advertencia, la voz que le anuncia su soledad política, y no acaba de entender.

Quizá se vea como es la desgracia de una prisión. Quizá conciba que nunca estuvo hecho para ejercer el poder cuando su tiempo lo dedique a resolver como abandonar la cárcel.

Ansían sus adversarios, la oposición, la sociedad dolida por la violencia, los priistas cuyo mayor pecado fue detestarlo pero no expresarlo, que pague por sus excesos, el saqueo a las arcas, los miles de millones que sólo él sabe donde están.

Quiere Ochoa Reza —y Peña Nieto, a través del líder del PRI— ver rodar la cabeza de Javier Duarte, el único amigo del presidente en Veracruz, según presumía el gordobés.

Y lo quiere ya.



Ir a fondo, insta la UNESCO, en el crimen de Pedro Tamayo. Lo plantea la directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova, en un comunicado. “Condeno el asesinato de Pedro Tamayo Rosas. Hago un llamado a las autoridades a investigar esta muerte y llevar a sus autores ante la justicia. Las armas no deben usarse para circunscribir la libertad de prensa y la libertad de información, esenciales para la democracia y el estado de derecho”, refiere el texto de la titular de la UNESCO. Y acá “Culín”, alias el fiscal, alias Luis Ángel Bravo Bravo Contreras, sigue en su plan de equilibrista, caminando en la cuerda floja, sin red que lo salve de una caída mortal. Apunta “Culín” que ya hay sujetos identificados como responsables del crimen del periodista, corresponsal de Al Calor Político y El Piñero de la Cuenca. En breve se sabrá. En breve resolverá el caso. Y mientras, a criminalizar a Pedro Tamayo, siguiendo de palabra el móvil de que lo pudieron ultimar por su oficio periodístico e invocando su vínculo con la esposa del empresario Francisco Navarrete Serna, Sara Abraham, en la refundación del periódico La Voz de Tierra Blanca, cuando ocurrió el levantón de los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, a manos de la policía estatal que los entregó al crimen organizado. Navarrete fue detenido por ser el propietario del rancho El Limón donde supuestamente habrían sido llevados, torturados, asesinados y calcinados los jóvenes. Esa es la pista que sigue el fiscal, criminalizando a Pedro Tamayo, como ha sido la costumbre de la pandilla duartista. Pues que lo piense “Culín” porque la UNESCO lo observa… Sigue la voladora en el Parque Jurásico de Coatza. Hace tres semanas despidieron a Marco Antonio Ávalos Lázaro y Eladia Reyes Enríquez, él del grupo de la ex regidora Maritoña García Cortés, y ella de la corriente de Miguel Ángel Chaires. Marcos Ávalos se va injustificadamente sólo por ser hermano de Selene Ávalos Flores, despedida de Obras Públicas, a quien le atribuyen la creación de la fan page “Alégrate Ya se Van”, donde hacen trizas al alcalde Joaquín Caballero Rosiñol y al secretario de Gobernación, Oliver Damas de los Santos. Sobre Selene Ávalos hay amenazas, según fuentes del ayuntamiento de Coatzacoalcos. A Eladia la echaron pese a que presumía de estar “bien parada con el jefe Lezek”, en alusión al encargado de la Dirección del DIF, Lezek Lira Cortés, uno de los alfiles del ex director, Jesús Moreno. Eladia no trabajaba. De la cabeza a los pies, todo le dolía, y de ahí sus faltas cubiertas con incapacidades laborales. Alardeaba que su marido, Pablo Gutiérrez, era uno de los hombres de confianza de Jesús Moreno. Pero Jesús Moreno se fue a la campaña, operando para Héctor Yunes en el distrito 30, donde la derrota fue estrepitosa, y ya no volvió. Y con él se va su equipo. Purga, pues, en el ayuntamiento marcelista de Coatzacoalcos… Bueno por ella, bueno por la sociedad. Liberan a Alba Judith Jiménez Ziga, secuestrada por 11 días, levantada en las calles de Coatzacoalcos, en el Veracruz donde habita el miedo y la violencia, el temor a no volver más. Regresa con los suyos a seguir siendo el extraordinario ser que siempre ha sido, a dejar en manos de Dios el alivio interior, a dejar al tiempo esa terrible experiencia… Marchan por las calles exigiendo justicia. Hablan por José Luis Sánchez Solís, secuestrado y hallado sin vida en una casa de seguridad, junto con Roberto Cristian Luis Guillén, ambos de 28 años de edad. José Luis fue el creador del lobo I love Coatza, que se observó en las playeras de quienes se movilizaron el domingo 24. Y esa madrugada, otro caso más, el de Yamil Mendoza Hanud, 19 años, conocido como Tufic, hijo de comerciantes de ropa de línea y de marca, Pericentro, hallado su cuerpo en la zona céntrica de Coatzacoalcos con varios impactos de bala. Fuera de control, la violencia va in crescendo, convertida la zona sur en un caos de seguridad, rebasado el gobierno de Veracruz. De ahí que la sociedad abandone su pasividad, que exija poner freno al reinado de la delincuencia. Se moviliza también Ciudadano Unidos por Coatzacoalcos con su lema ¡Ya Basta!, convocando a la ciudadanía a reclamar seguridad. No hay inversión sin seguridad, expresa José Bahena, uno de sus dirigentes. “El sentimiento general se resume en una palabra: temor”, explica. Nadie construye, nadie abre un negocio. La gente ya no acude al comercio. No sale de sus casas por miedo. “Mucha gente se está organizando para armarse conforme lo marca la Ley General de Armas de Fuego. Coatzacoalcos era una ciudad en la que podíamos caminar tranquilamente. Hoy es parte del pasado”… Error y disculpa. Por un error de redacción, en la entrega de ayer, relativa al crimen del periodista Pedro Tamayo, se atribuyó aquí al periódico La Jornada Veracruz lo referente al video en que sus familiares increpan a la policía por proporcionar un domicilio equivocado a la ambulancia que lo auxiliaría y trasladaría a un hospital. El video fue difundido por el portal Plumas Libres. Una disculpa a los lectores y a los medios citados…

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